Por Cecilia De Alba Narváez,

Comisaria de Familia

Desde inicios del siglo pasado los movimientos de mujeres han logrado que los gobernantes del mundo, cedan en la hegemonía que han sostenido los hombres en todas las esferas de la vida: privada, pública, laboral, educativa, doméstica, etc.

Con la globalización del Derecho, fijado en Tratados y Convenios Internacionales, cada país ha ido adaptando sus leyes al reconocimiento de derechos de la otra mitad que habita el planeta: Las Mujeres.

En la agenda para el desarrollo sostenible, las Naciones Unidas, para el 2030, se han propuesto como objetivo 5:  lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

¿Cómo va nuestro país, para lograr esta paridad jurídica y democrática?

Colombia, sociedad históricamente patriarcal, católica y conservadora, tradicionalmente consideraba a la mujer como apéndice del hombre, (padre y luego marido), sin derecho a opinar, administrar sus bienes, sus hijos, ni su propia vida. Así que, para llegar a la paridad política, las mujeres han atravesado toda una lucha por lograr derechos básicos.

Mujeres colombianas poderosas como María Rojas Tejada (1890) promovió la educación de la mujer y difundió sus derechos en la revista: Femeninas.  María Cano (1887 - 1967), símbolo de la organización de los trabajadores, fundó el Partido Socialista Revolucionario.

En la década del 1930 se destacan Débora Arango, Ofelia Uribe, Clotilde García Borrero y Georgina Fletcher, que impulsaron la lucha de los derechos de las mujeres y lograron la aprobación de Leyes que permitieron a las mujeres administrar sus propios bienes, tener independencia económica dentro del matrimonio (capitulaciones matrimoniales), acceso a la educación secundaria y superior, a los cargos públicos. Y la bandera más importante, que sembró los pilares en la democracia colombiana, se consiguió en 1954, con el derecho femenino al voto y ser elegida. Así la mujer dio el salto al espacio político.

Luego en la segunda mitad del siglo, a paso lento, se logran otros derechos familiares, como es la capacidad para ejercer la patria potestad sobre los hijos, se reconocen derechos a heredar y desaparece el matrimonio indisoluble para dar paso al derecho al divorcio.

 En la década del 90, nace legalmente la familia fuera del matrimonio (unión de hecho) y la sociedad patrimonial; que significo el apoyo a las mujeres con hijos por fuera del matrimonio. Pero el mayor logro fue convertir la violencia domestica como un hecho de interés público y de obligatoria atención del Estado; lo que permitió a la mujer desnaturalizar los malos tratos y las violencias recibidas de sus parejas.

Con la Constitución Política de 1991, se abrió un abanico de posibilidades para avanzar en la paridad jurídica:  la igualdad y la prohibición de no discriminación por razón de sexo y la protección de la mujer embarazada se plasman como derechos fundamentales; también se elevó a categoría constitucional el deber del Estado de   busca promover la participación de la mujer en la política y en órganos del Estado.

Con la Ley de Cuotas (2000), se reglamentó el 30% obligatorio para que las mujeres   ocupen los cargos y órganos del poder público. Y en el 2011, se establece como una regla general que las listas de partidos políticos para cargos de elección popular deben estar conformados en un 30% por mujeres, en las que se elijan más de 5 curules.

De acuerdo a los Objetivos del Milenio, aun estamos lejos de la fórmula del 50/50; sueño que en Colombia duro dos años cuando el congreso en el 2020 aprobó que el 50% de las lista de partidos políticos se integrara mitad mujeres y mitad hombres, pero la Corte Constitucional en el 2022 lo excluyó. 

La paridad política, es una deuda histórica que en Colombia aun esta incipiente, porque en la práctica, a pesar que en el congreso del 2018 las mujeres representaban el 19.7%  y actualmente son el 28.8%;  tenemos vicepresidenta y en el gabinete de Gobierno Nacional  se cuenta con el 48%; aun en las regiones, territorios y en los partidos o movimientos políticos las mujeres gozan de escasa presencia en puestos de poder, además  faltan más acciones afirmativas por parte del Estado para  promover los liderazgos femeninos, como obligar a los partidos a llevar un registro de casos de acoso político contra las mujeres para visibilizar el fenómeno y tomar medidas de prevención y sanción.

Igualmente, en materia laboral persiste la brecha de los salarios entre hombre y mujeres, el acoso laboral está latente, pocas mujeres poseen tierras, hay poca claridad en la política criminal de castigo al delito de violencia intrafamiliar y de género y el desinterés por apoyar a las instituciones encargadas de la protección a las mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, no permite avanzar en el cumplimiento de una real protección a la mujer.

Para concluir se puede afirmar que en Colombia para lograr el objetivo 5 de la agenda del desarrollo sostenible el 50/50, aun se requiere de mayor voluntad política, educación y promoción de liderazgos femeninos.